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Legislación: La Responsabilidad Extendida del Productor cambia el paradigma de los residuos

Una mirada a las iniciativas sobre Responsabilidad Extendida del Productor, REP, en la gestión de los residuos de empaques deja ver los impactos que está teniendo en la región latinoamericana el cumplimiento de las normativas.

Legislación: La Responsabilidad Extendida del Productor cambia el paradigma de los residuos
Foto de Bas Emmen, en Unsplash

El esfuerzo de los países por configurar una normatividad sólida de Responsabilidad Extendida del Productor muestra cada vez mejores resultados. La REP, como se abrevia este instrumento, busca la eficiencia en la disposición final de los residuos, obligando a los fabricantes a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos. Estos esfuerzos vienen de diferentes actores, principalmente la industria y el Gobierno, sin embargo, hace falta mucho trabajo conjunto para lograr establecer normativas acertadas, aplicables y favorables para todos.

El modelo actual de consumo lineal, en el cual se extrae de la naturaleza el material para la elaboración de un producto mediante una transformación industrializada y su posterior distribución, consumo y disposición final, ha sido el modelo tradicional para una sociedad motivada por el consumo.

La gestión ambiental ha buscado tradicionalmente transformar los procesos productivos desde su interior para obtener al final de la línea un residuo que impacte lo menos posible al ambiente. Pero ahora es diferente, las empresas deben ir más allá y trabajar de la mano de sus consumidores o usuarios finales para darle un uso adecuado a los residuos mediante opciones de reutilización, aprovechamiento, valorización y reciclaje; con la generación de consciencia en los consumidores y, en consecuencia, dando cumplimiento a requisitos normativos cada vez más exigentes en términos de REP.

 Entendiendo la legislaci√≥n de REP

La REP fue definida por la OCDE como: ‚Äúuna pol√≠tica ambiental en la cual la responsabilidad del productor por su producto es extendida hasta el momento del posconsumo en el final del ciclo de vida del producto‚ÄĚ.

Varias modificaciones y adaptaciones ha tenido la definici√≥n de la Responsabilidad Extendida del Productor, y en el contexto de ese tema surgen dos factores fundamentales: los objetivos que se propone un programa de REP, que pueden estar encaminados a la mejora del dise√Īo tanto de productos como de los sistemas de producci√≥n; y los distintos tipos de responsabilidad que surgen para el productor, que pueden ser legales, econ√≥micos, f√≠sicos o la obligaci√≥n de informar adecuadamente. Estos factores interact√ļan entre s√≠, creando en el productor la necesidad de plantear cambios en sus productos de forma anticipada y preventiva frente a los impactos ambientales.

 Para los productores la implementaci√≥n de estos cambios en la gesti√≥n de sus empresas significa que deben mejorar los recursos, los dise√Īos, la informaci√≥n y la gesti√≥n final de los productos nuevos y de los que ya se encuentran en el mercado, sin perder dinero, reducir la mano de obra, y sin quebrar en el proceso. Esto plantea preguntas sobre la manera de asumir los costos de gesti√≥n de los residuos posconsumo, adem√°s de retos importantes en el cambio de paradigmas. 

 De otra parte, la normativa puede tambi√©n ser un veh√≠culo para la innovaci√≥n en el dise√Īo de productos y sistemas, que d√© lugar a mejoras en la eficiencia de las funciones de los productos y despierte el inter√©s por actividades como la refabricaci√≥n. 

 El panorama Latinoamericano

 Los pa√≠ses latinoamericanos que han suscrito el Convenio de Basilea y aquellos que pertenecen a la OCDE, cuentan con directrices amplias con respecto al tema de la Responsabilidad Extendida al Productor. Dentro del √°mbito regional, Mercosur ha desarrollado proyectos que buscan acciones para promover la producci√≥n y el consumo sostenibles. En Latinoam√©rica hay pa√≠ses como Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, y Per√ļ que cuentan con legislaci√≥n aplicable al tema. En total 11 pa√≠ses en Am√©rica Latina y el Caribe contemplan en sus principios normativos el de la Responsabilidad Extendida y el de la Responsabilidad Extendida y Compartida. En la regi√≥n se destacan en especial Chile y Colombia, este √ļltimo con un mayor desarrollo, as√≠ como Brasil y M√©xico, que aplican principios de Responsabilidad Extendida y Compartida.

 M√©xico utiliza la figura de la responsabilidad compartida

El principio de Responsabilidad Compartida ha sido el modelo acogido en M√©xico, definido por su legislaci√≥n como el principio por el cual se reconoce que los residuos s√≥lidos urbanos y de manejo especial se generan por actividades que satisfacen necesidades de la sociedad. Este concepto implica que su manejo integral es una responsabilidad social en conjunto, con la participaci√≥n de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, entre otros, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnol√≥gica, econ√≥mica y social. A pesar de ser financiada por la municipalidad y apoyado voluntariamente por los ciudadanos, y de ser autofinanciable por la valorizaci√≥n que se desprende de su manejo, la gesti√≥n de los residuos presenta fallas en su aplicaci√≥n debido a vac√≠os normativos y a la falta de involucramiento por parte de la sociedad. 

No obstante, se sigue avanzando en M√©xico en la consolidaci√≥n de las normas y regulaciones. El pasado mayo, el Gobierno mexicano present√≥ el Diagn√≥stico B√°sico para la Gesti√≥n Integral de Residuos (DBGIR) 2020, que actualiza la identificaci√≥n de la situaci√≥n de M√©xico en la generaci√≥n y en el manejo de los distintos tipos de residuos a nivel nacional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el estudio aborda aspectos como la cantidad de residuos y su composici√≥n, la infraestructura instalada, los costos, la capacidad y efectivad para su manejo integral, e incluye datos importantes sobre su generaci√≥n, que deber√°n ser considerados por los gobiernos federal, estatales y municipales para desarrollar pol√≠ticas p√ļblicas que aseguren una gesti√≥n adecuada y eficiente.  

 M√©xico cuenta adem√°s con una asociaci√≥n civil ambiental sin √°nimo de lucro, creada y auspiciada por la industria de productos de consumo para el manejo adecuado de residuos de empaques, ECOCE. Esta organizaci√≥n tiene como funciones principales facilitar el acopio y la valorizaci√≥n de envases y empaques, atender la agenda legislativa y regulatoria, sensibilizar sobre la importancia de la cultura de sustentabilidad y promover la reciclabilidad, la investigaci√≥n y el desarrollo.

En Chile se cuenta con una legislación participativa y preventiva

Chile tiene la normatividad ambiental quizá más completa a nivel latinoamericano. En 2016 se promulgó en el país la Ley Responsabilidad Extendida del Productor, dirigida a fábricas e importadoras para que reporten qué residuos y en qué cantidad se producen e ingresan al mercado. Con base en esa información el Estado establece las metas de recuperación de ese material.

La ley establece unos productos prioritarios en los cuales se enfoca la gestión e involucra a los diferentes actores en la implementación de la normativa. El productor, por ejemplo, debe registrar sus residuos, organizar y financiar su tratamiento y gestión, y cumplir las metas de recuperación. El consumidor de los productos prioritarios debe, por su parte, separar en la fuente y entregar los residuos a gestores autorizados.

Un caso relevante en este pa√≠s es el de la multinacional Nestl√©, que consciente de la necesidad de avanzar en temas de reciclaje y de sostenibilidad en general, trabaja de la mano de la industria y otros gremios involucrados en la entrega de informaci√≥n para el establecimiento de metas de recuperaci√≥n y en la reducci√≥n de material de envases. En Chile es destacable la gradualidad en la implementaci√≥n de la normatividad y las instancias de consulta p√ļblica, que han facilitado la transici√≥n hacia el cumplimiento de las nuevas regulaciones.

Más recientemente, el pasado 26 de junio, el Ministerio del Medio Ambiente Chileno presentó a la Contraloría de la Nación un decreto con el que busca establecer metas exigentes de reciclaje a las empresas, obligándolas a hacerse cargo de los residuos que generen y creando mecanismos para mejorar la recolección y formalizar el trabajo de los recicladores de base. En la iniciativa legislativa se fijan además metas de recolección y valorización de envases, que es uno de los puntos prioritarios establecidos en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor aprobada para el país. El decreto establece metas específicas para cada material (60% para cartón para líquidos, 55% para el metal, 50% para al papel y el cartón, 45% para los plásticos y 65% para los vidrios), buscando aumentar en cinco veces y aumentar del 12,5% a un 60% las tasas actuales de reciclaje en empaques domiciliarios.

 Colombia ha fijado metas ambiciosas en t√©rminos de REP

Desde el a√Īo 2009 se ha regulado en Colombia la gesti√≥n de residuos posconsumo como llantas, bater√≠as, residuos electr√≥nicos, entre otros. Desde entonces se han desarrollado estrategias dirigidas a promover la gesti√≥n adecuada de este tipo de residuos, con la ayuda de sistemas de gesti√≥n diferenciada para evitar que sean dispuestos en conjunto con los residuos ordinarios. En 2018 le lleg√≥ el turno a los envases y/o empaques de papel, cart√≥n, pl√°stico, vidrio y metal.

Con la expedición de la resolución 1047 de 2018 se extiende la responsabilidad a los fabricantes de estos productos frente a los residuos que producen sus artículos, y se ordena la implementación de planes para su gestión ambiental con un plazo de cumplimiento a 2020 y metas de reutilización del 10% para 2021, y de 30% para 2030. Las normas en Colombia contemplan además un seguimiento mediante informes anuales y la obligatoriedad de su cumplimiento so pena de incurrir en sanciones.

Legislaci√≥n: La Responsabilidad Extendida del Productor cambia el paradigma de los residuosFoto Dustan Woodhouse en UnsplashActualmente la incorporaci√≥n de instrumentos econ√≥micos para el desarrollo de la REP no ha sido implementada, por lo que los productores se han visto en el deber de desarrollar y financiar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos. Esta carencia de instrumentos econ√≥micos ha derivado en cambios importantes como la restructuraci√≥n de √°reas administrativas, cambios en los modelos de producci√≥n, trabajos investigativos, entre otros, que desde el punto de vista de la oportunidad pueden generar beneficios en aspectos t√©cnicos al maximizar la vida √ļtil de los productos, y comerciales mediante la fidelizaci√≥n de los consumidores y la consolidaci√≥n de la reputaci√≥n corporativa.

A mediados de junio de 2020, el Congreso colombiano postergó el estudio y la aprobación de un proyecto de ley con el que se busca prohibir en el país los plásticos de un solo uso, en espera de que los ponentes revisen algunos de los puntos de la propuesta. Con el proyecto se está buscando mejorar la manera como se gestionan las cerca de un millón de toneladas de plásticos que se generan anualmente en el país, 150 mil de las cuales corresponden a envases de PET.

En Colombia, el compromiso de las empresas ha empezado sin embargo a mostrar frutos. A comienzos de marzo de este a√Īo, m√°s de 200 empresas productoras de envases y empaques, atendiendo una disposici√≥n del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, comenzaron a gestionar sus residuos a trav√©s de 21 proyectos piloto de aprovechamiento, que se presentaron para su aprobaci√≥n a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Estos planes contemplan el respaldo al trabajo de los recicladores de base y cuentan con un componente pedag√≥gico para motivar a la ciudadan√≠a a separar adecuadamente los residuos. La meta que las empresas productoras de envases han establecido para el a√Īo 2021 contempla el aprovechamiento del 10% de los residuos, equivalente a cerca de 200.000 toneladas. Ese mismo a√Īo, los pilotos dar√°n paso a la implementaci√≥n obligatoria de la medida para los productores, que comenzar√°n a mostrar resultados de cumplimiento de las metas en el a√Īo 2022.

 Brasil, Responsabilidad Compartida y retos por afrontar

 Brasil cuenta con una Pol√≠tica Nacional de Residuos S√≥lidos PNRS, cuya implementaci√≥n comenz√≥ en el a√Īo 2010. Al igual que M√©xico, Brasil adopt√≥ la figura de Responsabilidad Compartida para llevar a cabo la gesti√≥n de sus residuos. En esta se establece que tanto el poder p√ļblico como el sector empresarial y la sociedad civil son responsables por la gesti√≥n de los residuos generados. Dentro de esta pol√≠tica, Brasil regula con programas REP tres productos: neum√°ticos usados, aceites lubricantes usados y envases de agroqu√≠micos.

 En la implementaci√≥n de la PNRS, que cumpli√≥ este a√Īo diez a√Īos desde su implementaci√≥n, Brasil ha enfrentado retos importantes en temas como la planificaci√≥n a nivel local para encadenar los objetivos locales a los estipulados normativamente a nivel nacional. Otro desaf√≠o ha sido la recolecci√≥n selectiva, que ha sufrido obst√°culos t√©cnicos, comerciales y operativos en su implementaci√≥n, as√≠ como la falta de consciencia por parte de la sociedad. En cuanto al reciclaje, el avance no ha sido significativo. Si bien hubo una ca√≠da en la generaci√≥n de desechos s√≥lidos, esta no obedece a mejoras en la gesti√≥n sino a una disminuci√≥n en el consumo de productos; los municipios no cuentan con programas que garanticen eficiencia total en los proyectos de reciclaje.

 En Brasil existe tambi√©n un observatorio cuya misi√≥n es hacer seguimiento y control de los avances y cumplimientos del PNRS, y el pa√≠s cuenta adem√°s con personal t√©cnico calificado para la implementaci√≥n de esta pol√≠tica, agentes de la sociedad civil comprometidos y amplias posibilidades para el crecimiento de la industria del reciclaje. Se requiere entonces de la acci√≥n conjunta de los diferentes actores para mejorar en temas como la planificaci√≥n efectiva, la responsabilidad compartida y la log√≠stica inversa, de forma que se avance de manera importante en el cumplimiento de las metas establecidas.

 Despu√©s de una d√©cada de vigencia, y a pesar de las disposiciones contenidas en la PNRS para distribuir la responsabilidad en la generaci√≥n y disposici√≥n de residuos entre las autoridades p√ļblicas, la iniciativa privada y la sociedad civil, los resultados no han sido los esperadas. En el pa√≠s, la generaci√≥n de basura crece m√°s r√°pido que la capacidad de los vertederos, y los c√°lculos de la Asociaci√≥n Brasilera de Empresas de Limpieza P√ļblica (Abrelpe) el volumen de residuos producidos podr√≠a pasar de 79 millones de toneladas en 2018 a 100 millones en 2030.

 Mucho camino por andar en Argentina

 Si bien Argentina cuenta con numerosas inclusiones sobre REP en su normatividad ambiental, carece de una legislaci√≥n concreta y completa relacionada sobre el tema. Las normas sobre responsabilidad Extendida al Productor se han enfocado principalmente a la gesti√≥n de residuos de aparatos el√©ctricos y electr√≥nicos. En cuanto a envases, se cuenta en el pa√≠s con la Ley de Presupuestos M√≠nimos para la gesti√≥n ambiental de los envases vac√≠os de agroqu√≠micos, ligado al principio de que ‚Äúel que contamina paga‚ÄĚ y del concepto ‚Äúde la cuna a la tumba‚ÄĚ para estos residuos peligrosos. No existe sin embargo una articulaci√≥n de esta ley a nivel nacional, por lo que cada provincia ha establecido los requerimientos en la gesti√≥n de dichos envases. Argentina ha avanzado normativamente en lo relacionado a la gesti√≥n de neum√°ticos usados, definiendo una jerarqu√≠a de prioridades para su gesti√≥n.

 Aunque Argentina tiene la intenci√≥n de hacerse parte de la OCDE, a√ļn est√° en mora de sacar a la luz una normativa de REP. De igual forma, en aras de cumplir lo pactado en el Acuerdo de Par√≠s y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el pa√≠s tiene la misi√≥n inminente de incorporar en su legislaci√≥n medidas de este tipo. Persisten todav√≠a en algunos obst√°culos de tipo tecnol√≥gico, operativo y cultural que deber√°n ser gestionados; sin embargo, Argentina tiene la ventaja de contar con la experiencia previa de otros pa√≠ses, y cuenta con buenos prospectos de inversi√≥n en establecimientos de reciclaje, mejoras para las municipalidades y generaci√≥n de empleo, entre otras medidas que ayudar√°n a avanzar en el cumplimiento del principio de la REP.

 Distintas organizaciones e instituciones insisten en el pa√≠s en la necesidad de dise√Īar y adoptar una ley de Responsabilidad Extendida del Productor que permita abordar de manera consistente los problemas de la generaci√≥n y la gesti√≥n de residuos. Y aunque diversos intentos de legislaci√≥n no han tenido buen t√©rmino, se han incorporado iniciativas como la Ley de gesti√≥n de envases vac√≠os de productos fitosanitarios y se avanza en la consolidaci√≥n de distintos proyectos basados en el concepto de la responsabilidad extendida.

 Sin importar cu√°l sea el modelo o la complejidad normativa de los diferentes pa√≠ses de la regi√≥n, no es posible negar que est√° ocurriendo un cambio en el paradigma del consumo.

 A este cambio contribuye en buena medida el mayor acceso a informaci√≥n que tenemos los ciudadanos, en la que se nos muestra el efecto que un estilo de vida de consumo desmedido tiene en nuestro planeta.

 La presi√≥n ejercida por una sociedad cada d√≠a m√°s consciente de su papel en la preservaci√≥n de los recursos y el cuidado medioambiental, impone una creciente presi√≥n sobre los entes legislativos de los diferentes pa√≠ses, que est√°n reforzando sus medidas normativas para respaldar los cambios esperados por todos.